El mayor responsable del fracaso energético dominicano ha sido el Estado; el de ayer, el de hoy y el que vaya camino al futuro, por lo visto. No sólo por imprevisor del crecimiento de la demanda de la electricidad para promover inversiones oportunas. También por su liviandad ante los entes privados del sector, sobre todo cuando se ha tratado de extranjeros. Contratos leoninos; generosidades y permisividad para que obtengan ganancias y hasta le fallen al país. El sector público ha llegado al colmo de entregar en baratillo partes del negocio para luego recomprarlas como si se tratara de bienes de primera. Véanse los casos Edes.
Pero el comportamiento descuidado de autoridades que es de rigor condenar aquí y ahora es el de la olímpica tolerancia al fraude eléctrico y al aprovechamiento irregular del fluido por particulares. Ni como regulador, disponiendo de instrumentos legales para poner en orden las cosas; ni como distribuidor mismo de energía han servido los Gobiernos ni sus entidades descentralizadas para regular el mercado y reducir pérdidas de forma algo más que simbólica. Aguajes retardados para formalizar la penalización del robo eléctrico (hurto patente que no necesitaba precisiones) y luego inoperancia en aplicar esas supuestas nuevas reglas del juego.
Editorial completo original
No hay comentarios:
Publicar un comentario