Distinguido Lic. Vega,
Observando superficialmente los mensajes suyos acerca de las recompras de las Edes, que su tocayo el Ing. Castellanos recupera sobre lo que estima es un cambio de opinión de su parte, le solicitamos, muy respetuosamente, que nos aclare respondiendo a esa inquietud.
Saludos muy cordiales,
José Antonio Vanderhorst-Silverio, PhD.
Systemic Consultant: Electricity.
BS ´68, MS ´71 & PhD ´72, all from Cornell University.
Valued IEEE Member for 38 Years.
javs@ieee.orgFollow on
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CC: Grupo 0 sin BCc
From: Bernardo Castellanos
Sent: Friday, June 05, 2009 8:55 AM
To: Luis Arthur; Ernesto A. Vilalta; Federico Martinez; Agustin Abreu; Baron Victoria; Gustavo Alba Sanchez; Armando Rodriguez; Cesar Feliz; Milton Morrison; Joaquin Luciano; Joaquin Luciano; Miguel J. Escala; Jonathan Arthur; Jose Antonio Vanderhorst; Jose Antonio Vanderhorst; Altagracia Paulino; Mario Serrano
Subject: SECTOR ELECTRICO RECOMPRA DISTRIBUIDORAS 2003 BERNARDO VEGA ¿CAMBIO DE OPINION?
EN VARIOS ARTICULOS ESCRITOS EN SU COLUMNA SEMANAL DE CLAVE Y CLAVE DIGITAL, EL LIC BERNARDO VEGA LLEGO A CALIFICAR QUE LA TRANSACCION DE ADQUISICION DE LAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE Y EDESUR REALIZADA EN EL 2003 SE HABIA HECHO "A UN PRECIO DEMASIADO ALTO" (CONTRAREFORMA ENERGETICA 20 DE OCTUBRE DEL 2006), "A SOBREPRECIO" (EL CONEP Y LA CDEEE 20 DE MARZO DEL 2007 Y UN SECTOR PUBLICO OTRA VEZ GRANDE 25 DE OCTUBRE DEL 2007)
EN SU ARTICULO PUBLICADO EL 3 DE JUNIO DEL 2009 BAJO EL TITULO DE "LA COMPRA DE EDEESTE", EL LIC BERNARDO VEGA AFIRMA
"En septiembre del 2003, durante la gestión de Hipólito Mejía, su gobierno compró a Edenorte y Edesur por US$57 millones, es decir por alrededor de US$28 millones cada una"
MAS ADELANTE EN EL MISMO ARTICULO SE SEÑALA LO SIGUIENTE
"Se habla de pagar unos US$26 millones por EdeEste, más US$17 millones para los abogados, es decir unos US$43 millones, en comparación con los US$28 millones que pagó el gobierno de Mejía por cada distribuidora"
SI LA TRANSACCION DEL 2003 SEGUN LAS CIFRAS DEL LIC BERNARDO VEGA RESULTO SER MAS ECONOMICA PARA EL ESTADO EN US$15 MILLONES POR DISTRIBUIDORA Y ANTE LOS CALIFICATIVOS ANTERIORES EMITIDOS SOBRE LA OPERACION ANTERIOR DE QUE LA MISMA SE HABIA REALIZADO "A UN PRECIO DEMASIADO ALTO" O "A SOBREPECIO", ¿CUAL SERIA EL CALIFICATIVO APLICABLE A LA TRANSACCION DEL 2009 DE COMPRA DE EDEESTE?
¿O SERA QUE IMPLICITAMENTE EL LIC BERNARDO VEGA RECONOCE Y ADMITE QUE NO HUBO SOBREPRECIO NI UN PRECIO DEMASIADO ALTO EN LA TRANSACCION DEL 2003, YA QUE EN EL ARTICULO DE LA COMPRA DE EDEESTE NO APARECE NINGUN ADJETIVO ESPECIFICO EN DONDE SE CALIFIQUE LA OPERACION DEL 2009 DE ADQUISICION DE EDEESTE COMO QUE LA MISMA HAYA SIDO REALIZADA "A SOBREPRECIO" O "A UN PRECIO DEMASIADO ALTO"
A CONTINUACION LOS CUATRO ARTICULOS DE REFERENCIA
http://www.clavedigital.com.do/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=7938&Id_ClassArticulista=59http://www.clavedigital.com.do/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=8715&Id_ClassArticulista=59http://www.clavedigital.com.do/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=9627&Id_ClassArticulista=59http://www.clavedigital.com.do/App_Pages/opinion/Firmas.aspx?Id_Articulo=14739&Id_ClassArticulista=59Contrarreforma energética
La fuerte devaluación provocada por la crisis bancaria, junto a los altos precios del petróleo, que todavía persisten, aumentó extraordinariamente durante ese gobierno el costo de generación, lo que dificultó y sigue dificultando el cobro de la electricidad.
Bernardo Vegaviernes, 20 de octubre de 2006, 10:42 a.m.
Radhamés Segura presentó al gobierno varios proyectos de ley que implican una contrarreforma del sector energético. Fueron discutidos frente al Presidente el sábado pasado (14 de octubre) y luce que, por suerte, encontraron una fuerte oposición por parte de otros funcionarios públicos.
La reforma iniciada por el Presidente Leonel Fernández en su primera gestión de gobierno logró un enorme influjo de capital privado que aumentó muchísimo la capacidad de generación, aunque se cometió el error de firmar el muy perjudicial contrato con Cogentrix. Pero durante el gobierno de Hipólito Mejía se inició una contrarreforma al estatizarse a Edenorte y Edesur y, además, a un precio demasiado alto.
La fuerte devaluación provocada por la crisis bancaria, junto a los altos precios del petróleo, que todavía persisten, aumentó extraordinariamente durante ese gobierno el costo de generación, lo que dificultó y sigue dificultando el cobro de la electricidad.
Durante el actual período de gobierno de Leonel Fernández, éste debe entregar la administración de esas dos distribuidoras a empresas privadas extranjeras con experiencia en el ramo, ya que aun no están en condiciones de ser atractivas a un comprador. El colocar distribuidoras en administración, quedando el Estado como dueñas de las mismas, es una práctica común en países como Turquía y en varias naciones africanas. Edenorte y Edesur hoy día reciben enormes recursos en forma de subsidios y son empresas no auditadas, sin transparencia alguna, con una inflada empleomanía, aunque su cantidad no aparece en las estadísticas sobre la nómina pública que divulga tanto el Banco Central como la Contraloría. Su administración se politizó durante el gobierno de Mejía y sigue politizada hoy día, a pesar de que, por presión del Banco Mundial, se nombraron sendos administradores extranjeros, pero son figuras débiles, ya que son simples empleados públicos.
Los cambios contemplados en los proyectos de ley implican la estatización del sector. La experiencia de cuarenta y cinco años, entre 1944, cuando Trujillo estatizó la CDE y 1999, cuando se hizo la reforma, nos indica que con ese sector estatizado no se resuelve el problema.
Luce que como los asiáticos, que ganaron la licitación para las plantas de carbón, no están dispuestos a colocar su dinero bajo un esquema de competencia, Segura lo quiere cambiar para que puedan contar con una garantía de que se les comprará, la misma garantía que lamentablemente se le dio a Cogentrix y que tanto nos ha costado.
Aunque no sabemos, porque no lo hemos estudiado, si esa estatización del sector eléctrico viola artículos específicos del DR-CAFTA, ciertamente viola su espíritu y es muy lamentable que teniendo el Presidente Fernández planeado un viaje muy próximo a Washington a ver al Presidente Bush y posiblemente anunciar allí que ya todo está resuelto para que ese acuerdo entre en vigencia, el proyecto de contrarreforma venga a entorpecer la cita.
Hipólito Mejía, cuando visitó al Rey de España, estatizó las distribuidoras para evitarse problemas con el gobierno español, iniciando así la contrarreforma. El Presidente Fernández antes de ir a ver a Bush debe declarar públicamente que se opone a profundizarla.
Contrarreforma energética
La fuerte devaluación provocada por la crisis bancaria, junto a los altos precios del petróleo, que todavía persisten, aumentó extraordinariamente durante ese gobierno el costo de generación, lo que dificultó y sigue dificultando el cobro de la electricidad.
Bernardo Vegaviernes, 20 de octubre de 2006, 10:42 a.m.
Radhamés Segura presentó al gobierno varios proyectos de ley que implican una contrarreforma del sector energético. Fueron discutidos frente al Presidente el sábado pasado (14 de octubre) y luce que, por suerte, encontraron una fuerte oposición por parte de otros funcionarios públicos.
La reforma iniciada por el Presidente Leonel Fernández en su primera gestión de gobierno logró un enorme influjo de capital privado que aumentó muchísimo la capacidad de generación, aunque se cometió el error de firmar el muy perjudicial contrato con Cogentrix. Pero durante el gobierno de Hipólito Mejía se inició una contrarreforma al estatizarse a Edenorte y Edesur y, además, a un precio demasiado alto.
La fuerte devaluación provocada por la crisis bancaria, junto a los altos precios del petróleo, que todavía persisten, aumentó extraordinariamente durante ese gobierno el costo de generación, lo que dificultó y sigue dificultando el cobro de la electricidad.
Durante el actual período de gobierno de Leonel Fernández, éste debe entregar la administración de esas dos distribuidoras a empresas privadas extranjeras con experiencia en el ramo, ya que aun no están en condiciones de ser atractivas a un comprador. El colocar distribuidoras en administración, quedando el Estado como dueñas de las mismas, es una práctica común en países como Turquía y en varias naciones africanas. Edenorte y Edesur hoy día reciben enormes recursos en forma de subsidios y son empresas no auditadas, sin transparencia alguna, con una inflada empleomanía, aunque su cantidad no aparece en las estadísticas sobre la nómina pública que divulga tanto el Banco Central como la Contraloría. Su administración se politizó durante el gobierno de Mejía y sigue politizada hoy día, a pesar de que, por presión del Banco Mundial, se nombraron sendos administradores extranjeros, pero son figuras débiles, ya que son simples empleados públicos.
Los cambios contemplados en los proyectos de ley implican la estatización del sector. La experiencia de cuarenta y cinco años, entre 1944, cuando Trujillo estatizó la CDE y 1999, cuando se hizo la reforma, nos indica que con ese sector estatizado no se resuelve el problema.
Luce que como los asiáticos, que ganaron la licitación para las plantas de carbón, no están dispuestos a colocar su dinero bajo un esquema de competencia, Segura lo quiere cambiar para que puedan contar con una garantía de que se les comprará, la misma garantía que lamentablemente se le dio a Cogentrix y que tanto nos ha costado.
Aunque no sabemos, porque no lo hemos estudiado, si esa estatización del sector eléctrico viola artículos específicos del DR-CAFTA, ciertamente viola su espíritu y es muy lamentable que teniendo el Presidente Fernández planeado un viaje muy próximo a Washington a ver al Presidente Bush y posiblemente anunciar allí que ya todo está resuelto para que ese acuerdo entre en vigencia, el proyecto de contrarreforma venga a entorpecer la cita.
Hipólito Mejía, cuando visitó al Rey de España, estatizó las distribuidoras para evitarse problemas con el gobierno español, iniciando así la contrarreforma. El Presidente Fernández antes de ir a ver a Bush debe declarar públicamente que se opone a profundizarla.
El CONEP y la CDEEE
El segundo gobierno de Fernández, al reducir la devaluación, bajó el costo de generación, pero, sorprendentemente, ésta es la hora en que todavía no ha licitado la entrega en administración a empresas privadas tanto de Edenorte como de Edesur.
Bernardo Vegajueves, 29 de marzo de 2007, 8:0 p.m.
En su primer discurso como nuevo presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla declaró: “Mientras el Estado siga envuelto directa y activamente en el negocio eléctrico, no habrá solución... Entendemos que se deben transferir al sector privado las distribuidoras estatales”.
Durante su primer gobierno, Leonel Fernández permitió el acceso del sector privado al sector eléctrico entregándole la administración de la distribución y permitiéndole invertir tanto en ella como en la generación. El resultado fue un flujo extraordinario de recursos privados extranjeros, lo que permitió que, por primera vez en décadas, existiese capacidad de generación en exceso de la demanda.
Pero el gobierno de Hipólito Mejía produjo una nefasta contrarreforma. El manejo equivocado del fraude bancario dio lugar a una muy fuerte devaluación, la que incrementó el costo de generación, lo que, a su vez, dificultó muchísimo el cobro de una electricidad que devino mucho más cara. El resultado fue que las dos generadoras en manos de una empresa española, las cuales estaban casi quebradas, lograron que fuesen adquiridas a sobreprecio, revirtiendo éstas en empresas estatales. Más aun, Unión FENOSA encabezó la gestión, que por algo se ha llamado el “Acuerdo de Madrid”, por medio de la cual se modificaron los términos establecidos originalmente para la generación, mejorándolos a favor de las generadoras y a expensas del Estado.
El segundo gobierno de Fernández, al reducir la devaluación, bajó el costo de generación, pero, sorprendentemente, ésta es la hora en que todavía no ha licitado la entrega en administración a empresas privadas tanto de Edenorte como de Edesur. La razón es simple: durante el gobierno del PRD y luego bajo el del PLD se convirtieron en lugares para colocar a los compañeros de partido en nóminas supernumerarias. Esta es la fecha en que, a pesar de los requerimientos de la Carta de Intención, no se han publicado los estados, certificados por auditores privados, ni de esas dos empresas ni de la propia CDEEE, institución donde también existe una nómina excesiva. El sector energético estatal ha devenido en una nueva CORDE. En lo que sí ha insistido el segundo gobierno de Fernández, y con razón, es en la renegociación del Acuerdo de Madrid, para acercarlo a los términos originales del proceso de privatización pero, lamentablemente, lo ha hecho a base de amenazas públicas, en vez de crear un ambiente serio y técnico, y eso motivó que el propio Macarrulla en ese discurso agregara: “Consideramos que debe cesar la campaña continua, intencionada o no, a veces subliminal, que tiende a menoscabar la credibilidad de las empresas del sector, pues con ella se aleja la solución real de los problemas al quitarles autoridad moral a quienes están llamados a ofrecer las soluciones. Y se deja la impresión de que, en el fondo, existe un plan oculto que pretende estatizar de nuevo el sistema, para lo cual ya es poco lo que falta”.
Más de una de las empresas generadoras ha declarado, desde hace tiempo, tanto oficial, como públicamente, que está dispuesta a negociar. Aparentemente se piensa que intimidando se puede lograr una mejor negociación. Varios de los generadores son empresas norteamericanas y bajo el DR-CAFTA sus inversiones están protegidas. El Acuerdo de Madrid fue rubricado por el gobierno dominicano de entonces, un mal gobierno, pero no por eso deja de ser una obligación del Estado.
Los entendidos saben que el gobierno actual está dividido entre los que quieren estatizar al sector más allá de lo que ya hizo Hipólito Mejía y los que quieren reversar esa acción. Pasan los meses y no se resuelve nada. El resultado es una renuencia a seguir efectuando inversiones, lo que perjudica a todos. Tan sólo el presidente Fernández puede romper este impasse.
Un sector público otra vez grande
El gobierno actual en su momento criticó los préstamos de Sun Land al PRD. Ahora no ha titubeado en buscar néctar en la fuente que antaño flageló.
Bernardo Vegajueves, 25 de octubre de 2007, 6:28 p.m.
Uno de los grandes éxitos de la primera administración (1996-2000) del doctor Leonel Fernández, fue su extraordinaria reforma por medio de la cual redujo el tamaño del sector público, disminuyendo sustancialmente el déficit del mismo, provocado por las enormes pérdidas en que incurrían los doce ingenios estatales, las innumerables empresas de CORDE y la compañía de electricidad, dueña tanto de plantas generadoras, como de la distribución y el cobro de la electricidad. Siendo empresas estatales, allí laboraban miles de miembros de los partidos políticos en el poder, un ejército parasitario constituido por innumerables “botellas”.
El resultado fue que desde entonces no dejó de faltar la harina y la generación de electricidad aumentó extraordinariamente, excediendo la oferta por primera vez en décadas, utilizándose, además, insumos más baratos como el carbón y el gas natural.
El gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) inició la contrarreforma al adquirir, a sobreprecio, dos empresas españolas distribuidoras de electricidad (Edenorte y Edesur) que estaban técnicamente quebradas.
El segundo gobierno de Leonel Fernández amortiguó un poco el asunto, no revendiendo las distribuidoras de nuevo al sector privado, pues era difícil que hubiese aparecido un comprador, dado que dependen de subsidios del gobierno, sino que, aconsejado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, colocó como administradores de esas distribuidoras a conocidos técnicos extranjeros, buscando eficiencia y despolitización del sector más neurálgico de nuestra economía.
Pero ahora, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, Radhamés Segura ha decidido prescindir de los técnicos extranjeros.
Tanto Edenorte y Edesur como la propia CDEEE, cuentan ya con nóminas supernumerarias, compuestas por “compañeros” parasitarios. En las elecciones congresuales muchos de los candidatos del PLD estaban a sueldo en las distribuidoras estatales.
Parte del déficit del sector energético, que cubren los contribuyentes con sus impuestos, está representado por esas nóminas supernumerarias.
Esta decisión de no hacer caso a los compromisos acordados con el FMI y el Banco Mundial es tan sólo un preludio del descalabro que probablemente sufrirá nuestra economía, golpeada ya muy fuertemente por los altísimos precios del petróleo, cuando no se renueve el acuerdo con el FMI dentro de dos meses y medio. Estamos frente a una verdadera contrarreforma.
El tamaño del Estado también se ampliará con la entrada en operación del metro, pues nadie ha indicado que será entregado en administración a una empresa privada. Si la maneja el gobierno veremos otras nóminas supernumerarias.
Tampoco se ha dicho cuál será el costo del billete y si con éste se cubrirá la nómina, la energía y la amortización de capital e intereses por la deuda en que se ha incurrido para construirlo. Si no lo cubre, tendremos un nuevo déficit del sector público, el cual ya sufre el del sector energético, el subsidio al gas propano y el muy reciente a las empresas de zonas francas.
Agréguese a eso la amortización de la deuda externa acrecentada enormemente por el gobierno de Hipólito Mejía, que en ese entonces incluyó operaciones con la “perpetua” Sun Land, panal que atrae a todos los políticos sin importar el partido al que pertenezcan.
El gobierno actual en su momento criticó los préstamos de Sun Land al PRD. Ahora no ha titubeado en buscar néctar en la fuente que antaño flageló.
La compra de EdeEste
Bernardo Vegamiércoles, 3 de junio de 2009, 8:59 p.m.
En septiembre del 2003, durante la gestión de Hipólito Mejía, su gobierno compró a Edenorte y Edesur por US$57 millones, es decir por alrededor de US$28 millones cada una. Se dice que Unión Fenosa logró sobornar a funcionarios locales para lograr esa venta que le interesaba, pues no cobraba suficiente electricidad. La opinión pública, incluyendo el PLD, entonces en la oposición, criticó la estatización. Desde entonces las nóminas de esas dos distribuidoras han sido infladas extraordinariamente y sus estados financieros dejaron de ser auditados por empresas privadas, para así poder difundir la falsa información de que su administración por parte de compañeros del partido era más eficiente que la de EdeEste, empresa privada. Para poder politizar y abultar la nómina se sacó a los técnicos extranjeros, sugeridos por el Banco Mundial, que administraban las dos Edes.
El gobierno de Leonel Fernández, ante el aumento del precio internacional del petróleo, para defender al consumidor, congeló durante cinco años el precio de venta de la electricidad, aún cuando estuviese por debajo del costo de producción, prometiendo entregar la diferencia a través de subsidios pagados con recursos del presupuesto. Pero esos subsidios se atrasaron muchísimo, a pesar de los ingresos provenientes de Petrocaribe y hoy día suman unos US$900 millones y algunos hasta se pagaron recientemente con bonos soberanos.
Cuando el gobierno tomó la decisión de congelar el precio de venta de la electricidad y pagar la diferencia con subsidios y éstos dejaron de materializarse a tiempo, sus abogados aparentemente no se percataron de que esas decisiones violaban los términos de las concesiones, lo que permitía demandas por daños y perjuicios. AES vendió EdeEste en el 2007 a un fondo mutuo muy grande norteamericano, The Trust of the West, el cual, ante la imposibilidad de sobornar funcionarios dominicanos para que les comprasen el negocio, ya que es una empresa norteamericana y sus leyes se lo prohíben, optó por demandar a la CDEEE ante las cortes internacionales basándose, además, en las garantías que el gobierno dominicano otorgó a inversionistas norteamericanos bajo el DR-CAFTA.
Los abogados contratados por el gobierno dominicano, locales y extranjeros, dejaron pasar ciertos plazos y de pronto la CDEEE se dio cuenta que iba a perder el litigio y corría el riesgo de que esos tribunales extranjeros le impusieran una condena de más de US$600 millones. Es el pleito más grande en nuestra historia de una compañía extranjera contra el Estado dominicano y que éste tuvo que transarlo para no perderlo. La transacción fue ofrecer comprar a EdeEste, que era lo que buscaba el fondo mutuo, el cual no quería seguir siendo dueño de algo que por decisiones del gobierno dominicano ya no era viable económicamente. Lo contrario era verse condenado por las cortes. Se habla de pagar unos US$26 millones por EdeEste, más US$17 millones para los abogados, es decir unos US$43 millones, en comparación con los US$28 millones que pagó el gobierno de Mejía por cada distribuidora.
La solución real es entregar las tres distribuidoras a empresas con experiencia en el cobro de energía (chilenas, colombianas, por ejemplo) bajo acuerdos de administración con opción a compra.
Éstas reducirían las nóminas, aplicarían la ley de penalización del robo a grandes usuarios, algo que el gobierno no ha querido hacer por su costo político, al tiempo que el Estado se compromete a permitir fluctuaciones en el precio de la electricidad según fluctúe el petróleo, el carbón y el gas natural.
Esa política eliminaría los subsidios, lo que abriría las puertas a inversiones privadas en la distribución y en la generación, evitando apagones por falta de capacidad en el 2012, año electoral.
Si todo esto se hace, el Banco Mundial prestaría los recursos para poner al día los atrasos. Todo, por supuesto, sujeto a que el petróleo no siga subiendo.
