La reestructuración de la industria eléctrica, que se basa el proyecto de Ley General de Electricidad y la divide en componentes de generación, transmisión y distribución/comercialización, no está pensada acorde con una visión a largo plazo de la industria eléctrica como la planteada. Basado en una visión desfasada por el progreso científico y tecnológico alcanzado, en este esquema la distribución, un monopolio natural, se asocia también a las actividades de comercialización, que no tienen justificación de considerarse parte de dicho monopolio. La reestructuración promueve la creación de un mercado competitivo en generación, dejando fuera la comercialización. En verdad, esta es una fuente de otorgar derechos adquiridos en comercialización, que luego podrían dificultar el desarrollo de la industria.
Además, el diseño organizacional (reestructuración) propuesto por la Coopers & Lybrand y adoptado por Salomon, Smith and Barney, promueve la inversión extranjera directa en las actividades de la industria eléctrica impidiendo la participación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) dominicanas por medio de una precalificación. Sólo empresas multinacionales, con probada experiencia, podrán participar en la capitalización de las tres empresas de distribución/comercialización y las dos empresas de generación térmica. Así esta diseñado, los dominicanos sólo podrían participar como accionistas sin importancia en estas actividades. Por tanto, no hay ninguna garantía que esta sea una fuente de nuestro desarrollo.
La capitalización de las empresas de generación, una actividad que eventualmente no será regulada, no es sostenible a lo largo del tiempo. Primero, el Estado debe desprenderse de la actividad para no ser juez y parte. Segundo, deberá mantener aportes de capital cada vez más grandes que con la expansión del sector iría en contra de otras actividades sociales en las que el Estado debe invertir sus recursos, por lo que será difícil mantener su participación de 50 por ciento de la propiedad. Ese es un secreto a voces. El Estado debe vender las plantas juntas con la propiedad de los terrenos, porque de otra forma se puede dificultar la financiación, o si se arrienda impactaría negativamente las inversiones de modernización a lo largo del tiempo. En general, la CDE y el Estado deben estar liberados de cualquier atadura para negociar el tipo de contrato eléctrico que pueda firmar. Por ende, no hay ninguna razón de peso para capitalizar estas empresas. Estoy totalmente de acuerdo con la inversión extranjera directa que se negocie entre 50 y el 100 por ciento en estas empresas.
Por ser la distribución un monopolio natural, la medición de la eficacia de las empresas de distribución/comercialización se propone por medio de la comparación entre ellas. Los montos de recursos económicos que manejarían estas empresas, aunque menores que las de generación, harían difícil en el futuro que el Estado Dominicano pueda mantener también su participación del 50 % en el capital de las empresas.
Existe una decisión de Estado de mantener la propiedad del sistema de transmisión, por considerarse de carácter estratégico. Como el dueño manda, dejar el control de la transmisión en manos del Estado puede resultar a la postre una decisión equivocada, a causa de la politiquería que todavía nos permea. Además, la eficacia del monopolio de transmisión no puede ser comparada contra nada, que debe consistir de una sola empresa porque existen economías de escala. La estrategia es darle la administración a una empresa especializada y hay un riesgo muy grande si esa empresa no satisface nuestras necesidades, porque la función de transmisión es la que permite el mercado mayorista de electricidad.
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