La Superintendencia de electricidad es cómplice de las distribuidoras de electricidad en el proceso de gestión de la demanda, que interrumpe el servicio rutinariamente en violación de los derechos de los clientes que pagan por el servicio. El derecho civil, el derecho administrativo y el derecho comercial dominicanos establecen sanciones como resultado de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, que recaen de manera directa sobre el patrimonio económico del infractor. Esta sanción tiende siempre a reponer el bien destruido, y consecuentemente, a reparar el daño causado por su destrucción.
Es bien sabido que la industria eléctrica está acostumbrada a no compensar a los consumidores cuando las interrupciones se deben a circunstancias fuera de su control. Sin embargo, este no es el caso de la gestión de la demanda, ya que la misma es premeditada.
La gestión de la demanda se ampara en cortar el servicio de manera masiva a sectores que no pagan el servicio o que son subsidiados. Ciertamente, las distribuidoras están en su derecho de interrumpir a esos clientes. Se trata de un mecanismo orientado a presionar para que los clientes cambien de actitud. No obstante, el resultado de la gestión de la demanda es todo lo contrario. Al ser mediatizado, no es factible generar el efecto en los usuarios irregulares, y más aun, la violación de los derechos de los que pagan los incentiva a convertirse en irregulares, agravando aun más el problema.
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