Columna Andando del periódico El Día, del 26 de octubre, 2006
Por José P. Monegro
El gran peso que para los dominicanos representa la crisis eléctrica estuvo rondando por los pasillos del fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la visita que realizara a esos organismos el presidente Leonel Fernández.
Incluso, en el FMI, cuando se habló de la “adecuación fiscal”, como ahora se intenta llamar a la nueva reforma fiscal, tuvo como protagonista las deficiencias del negocio eléctrico.
Se estima que al término del presente año el Gobierno habrá destinado 900 millones de dólares para la llamada “sostenibilidad del sector eléctrico”, monto que no ha impedido que los dominicanos suframos de los insoportables apagones y una tarifa que no soportaría ningún análisis de costos si no tuviera que cargar con el peso de la ineficiencia.
Sólo a título de ejemplo, los 900 millones de dólares representan unos 29 mil 700 millones de pesos, algo más que lo que se acordó con el FMI buscar en una reforma tributaria que se nos aplicará a partir de 2007.
El eléctrico representa el principal problema de la economía dominicana, sólo compitiendo con el déficit cuasifiscal del Banco central, que también recaerá sobre los hombros de todos con la consecuente creación de nuevos impuestos.
La renegociación de los contratos con las empresas generadoras es un paso, pero al parecer no demasiado significativo para la solución del problema, si se da como un hecho que en el mejor de los casos no se logrará rebajar más de tres centavos de dólar a una tarifa que ronda por los 22 centavos. Hay que decir que entre 11 y 14 centavos sería un precio razonable en cualquier país como el nuestro.
En la sede del FMI se habló de los niveles de cobranzas de las empresas distibuidoras de electricidad. Tanto en parte de la comitiva oficial como de funcionarios del FMI se tiene la creencia de que ese eslabón de la cadena es el que peor anda y el que más atención requiere.
La renegociación de los contratos se tiene como un buen paso, sólo si sirve para retomar el camino de la reforma iniciada en 1999 y que sufrió un revés con la firma del Acuerdo de Madrid, que extendió por 15 años contratos perversos que debieron expirar este año y 2007. Se quiere una verdadera competencia en precios de la generación y que las EDES cumplan a cabalidad su misión de cobrar la energía servida y no quedarse lamentando de que las pérdidas técnicas y no técnicas rondan el 45 por ciento. Es decir, que el costo de la ineficiencia representa casi un aumento del 60 por ciento en la tarifa que nosotros pagamos.
La crisis eléctrica, el déficit cuasifiscal y el pago de los servicios de la deuda son tres grandes problemas que atentan, cual Al Qaida, contra la estabilidad económica de un país que aún lucha por recuperarse del golpe del 2003.
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