Columna DON DINERO de Victor Bautista
Sería realmente desastroso para las finanzas públicas y una torva señal al clima de negocios local y a la inversión extranjera que prosperen los planes de personajes poderosos enquistados en el Gobierno de estatizar el sector eléctrico, con el supuesto objetivo de hallar una solución definitiva a la crisis del servicio.
Se habla de convertir a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en un "holding”, una expresión simple que encierra una intención compleja, pues apunta a que la entidad estatal sea la compradora única de energía eléctrica.
En el fondo se busca restituir el poder que perdió la CDEEE tras el proceso de reforma y capitalización de la empresa pública que -pese a las suertes de desnaturalizaciones que sufrió por causa de la política- ha permitido al país contar con un stock de generación que antes no tenía.
Y no nos llamemos a engaño, una CDEEE poderosa, juez y parte, dueña y señora del mercado, es una tentación para cualquier proyecto político que requiera de una fuerte plataforma financiera, especialmente en un país de práctica partidaria clientelista.
El desinterés en devolver a manos privadas la administración de las empresas de distribución de electricidad Edenorte y Edesur –actualmente dominadas por la CDEEE- forma parte del contexto de un plan de contrarreforma.
Y es en ese mismo escenario donde se plantea la renegociación de los contratos que forman parte del denominado Acuerdo de Madrid. Es un paso que hay que dar, pero no puede ser en forma atropellada. La gobernabilidad en el sector eléctrico depende del replanteamiento de esos convenios. Mas, su abordaje ha de ser inteligente.
Malos o buenos, fruto de error o no, los tenedores de esos acuerdos tienen un filón de negocio en sus manos y no lo entregarán tontamente. No ha de esperarse que ellos acudan a una sesión terapéutica de la que saldrían convencidos de que, en forma altruista, deben aceptar nuevos acuerdos.
Los contratos tienen un valor económico en el tiempo. Reestructurarlos equivale a liquidarlos, lo que a su vez implica pagar su valor en el mercado, siempre que los dueños de esos convenios así lo decidan. Esto no se logra con espada ni con ejércitos.
¿Cuenta el Gobierno con dinero para asumir el costo de la renegociación de los contratos eléctrico que conforman el Acuerdo de Madrid? En realidad no, máxime porque las finanzas públicas está hartamente comprometidas con la deuda externa y con el Metro de Santo Domingo.
Los analistas plantean como opción que el país vaya de nuevo al mercado de capitales –aprovechando la coyuntura de mejora en sus calificaciones crediticias- para lazar un bono que permita obtener recursos frescos con los que se renegociarían los contratos eléctrico.
Otros, que desfavorecen el aumento de la deuda externa, proponen que el Estado renuncie a una parte del paquete de acciones que posee en las empresas eléctricas capitalizadas para otorgarlas en dación en pago a los generadores beneficiados con el Acuerdo de Madrid, liquidar los contratos y, posteriormente, renegociarlos.
En forma paralela mientras el Estado deja de ser empresario del sector eléctrico se fortalece como ente regulador y adecua todas las estructuras legales para reordenar el mercado.
Desde mi punto de vista, esta última parece una opción saludable que debería estar presente en la agenda de los próximos seminarios gubernamentales sobre el sector eléctrico, en los que simplemente ha prevalecido la nefasta idea de “CDEEE Holding”, una invocación de la contrarreforma, del caos y del populismo que extendería mucho más la crisis eléctrica.
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