Editorial del 20 de diciembre de 2006.
En términos prácticos, por lo que significa la generación y venta de electricidad verdaderamente servida, no existe un país eléctrico. O sea, no somos un país con autoridades preocupadas por el desarrollo, ya que la falta de energía cierra todos los caminos del desarrollo y la competitividad.
Todo luce que el año, en términos energéticos, va a terminar como empezó. Sin grandes avances para resolver el problema de la generación suficiente para suplir la demanda nacional.
No hay mejor indicio que la situación que vivimos por la renegociación de los contratos eléctricos. Las partes hablan de “sostenibilidad del sector eléctrico”, plantean la necesidad de una “estabilidad en el mercado” y quieren “beneficios reales para el sector de distribución”.
Además, plantean el respeto que debe mantenerse ante cualquier iniciativa de negociación entre el sector privado y el Estado, el cual demandan que se haga “con apego a la ley y a los acuerdos internacionales” asumidos por el país.
El alegato de las autoridades es que ninguna de las empresas que operan bajo el Acuerdo de Madrid ha cumplido con lo estipulado en los contratos de compra y venta de energía. Y como prueba al canto hicieron público un informe que detalla la cantidad de megavatios que contrataron y los que efectivamente suministran. Hay en todas las empresas –EGE-Itabo, Dominican Power Partner, EGE-Haina– un déficit en perjuicio del Estado y los clientes finales, que reciben apagones constantes fruto del déficit de origen.
Se trata de un problema eterno, que, desafortunadamente, no tendrá solución en diciembre de 2006. De nuevo nos esperanzamos y abrazamos a una solución. Por delante tenemos, esperanzadoramente, los 365 días de un nuevo año.
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