viernes, marzo 30, 2007

Editorial Hoy: Equidad

Ref: Editorial "Equidad" original en Hoy Digital, 30 de marzo, 2007.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de ley que tipificaría como criminal el robo de energía eléctrica.

Como medio de comunicación hemos estimulado siempre que se establezcan formas de acabar con las diversas modalidades de fraude que se practican en el mercado de la electricidad.

De ahí que consideremos que endurecer las sanciones aplicables a esa práctica, sea confiriéndole carácter criminal o por otros medios legales, podría funcionar como un disuasivo importante.

Ahora bien, cualquier instrumento que se cree, sea de carácter legal o un conjunto de normas de índole administrativa, tiene que estar concebido con una visión integral para que su aplicación afecte, indistintamente y sin discriminación, todas las modalidades de fraude practicables en el mercado eléctrico.

La equidad sería la única fórmula que garantizaría efectos correctivos en la práctica del engaño.

-II-

Un buen comienzo sería definir con detalles cada una de las formas fraudulentas de manejarse en el mercado eléctrico desde cualquiera de las categorías que intervienen en el mismo, y definir las sanciones aplicables a cada modalidad.

Así, podría establecerse castigo para el usuario que hace una conexión ilegal, o “arregla” el contador para robar electricidad, o el que sencillamente evade el pago de la factura correspondiente.

Pero el mismo instrumento debe prever las modalidades de fraude que se cometen desde las categorías de producción y distribución de electricidad, como el cobro de la energía no suministrada, por apagones o cualquier otra causa, o la aplicación de medidas violatorias a la individualidad de los contratos, para citar solo dos ejemplos.

A partir de esa clasificación deben fijarse las sanciones que correspondan.

Hay que ponerle fin a la falta de equidad que ha caracterizado las relaciones en el mercado de electricidad, con perjuicios gravísimos para la economía y la competitividad nacional y para los abonados a este servicio.

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