Reformas Institucionales

Original publicado en Clave Digital Reformas institucionales


La insistencia en las reformas institucionales tiene que ver con la convicción de que ellas constituyen un camino posible y eficaz para arrastrar otras reformas pendientes, sobre todo las sociales, que están en el corazón de las demandas seculares en América Latina y que son fundamentales para la consolidación democrática.

Marcos Villamán


La insistencia en las reformas institucionales tiene que ver con la convicción de que ellas constituyen un camino posible y eficaz para arrastrar otras reformas pendientes, sobre todo las sociales, que están en el corazón de las demandas seculares en América Latina y que son fundamentales para la consolidación democrática.

La gran búsqueda de nuestros países ha sido el desarrollo, entendido como la creación de las condiciones que permitirían alcanzar niveles razonables de bienestar para las grandes mayorías. Modernización es otra manera de apostar por lo anterior con la insistencia en los aspectos que la sociedad del conocimiento pone hoy de relieve: el avance científico-tecnológico, desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, que permite caracterizar a la actual como sociedad de la información.

Algunos autores han hablado de "modernización inconclusa o incompleta” (París Pombo, 1995) para indicar justamente que el mencionado proceso no ha sido capaz de “completarse” y, en consecuencia, no habría podido cumplir con las expectativas de integración social de las respectivas poblaciones latinoamericanas y caribeñas a los beneficios esperados de la modernización.

Esta “incompletez” se expresaría hoy aún más dramáticamente en la medida en que la lógica del “desarrollo o a-desarrollo social” parece estar generando, en opinión de muchos, una gran “población sobrante” (Hinckelammert, Beck). Es decir, una gran masa de seres humanos con ninguna o muy poca posibilidad de “incluirse” en los beneficios de la modernización por la vía de su colocación en el mercado laboral formal y que permanecen recluidos en una “pobreza resistente”. La “exclusión” sería así el signo mayor de este tiempo. Esta realidad es injustificable e insostenible.

Las reformas institucionales tienen sentido en la medida en que generan dispositivos para atacar estas dificultades y contribuyen a hacer posible la consolidación de la democracia, porque, según algunos: “Es innegable que la inequidad, la desigualdad y la pobreza constituyen el mayor obstáculo para la consolidación de la democracia”, porque “una democracia de pobres es una pobre democracia” (Carrillo-Florez, 2006).

La nueva Constitución deberá consagrar un gran pacto social que se exprese en el reconocimiento de derechos ciudadanos exigibles, colocados hoy en el centro del debate en torno a la calidad de la democracia.

Los partidos políticos deberán erradicar la autoreferencia, reconectarse con la sociedad para ponerse en condiciones de ser instrumentos eficaces de representación de la población en su esfuerzo por concretar aquellos derechos consagrados constitucionalmente, y que expresan sus sanas aspiraciones. Los programas de gobierno, hasta ahora letra muerta, deberán constituirse en guías prácticas obligatorias de la acción gubernamental.

La institucionalidad electoral deberá garantizar procesos transparentes de competencia política colaborando en evitar la borrachera del gasto innecesario y corruptor de los fondos públicos, y velando, por la vía legislativa, por un financiamiento que evidencie las fuentes de sus recursos.
La justicia deberá ampliar su capacidad de velar por la vigencia del Estado de derecho, y aportar su cuota a la lucha contra la impunidad ampliando la plantilla de jueces probos y capaces. Ayudaría así a enviar el mensaje, sobre todo a los más jóvenes, de que el camino del éxito es la formación, el trabajo y la solidaridad, y no la corrupción y el facilismo.

El legislativo deberá estar signado por la decencia, la altura del debate, la preocupación por legislar por el bien de las mayorías, y no por los intereses mezquinos de cada grupo o individuo que hacen de la prebenda su estandarte. Un estamento que logra entender su misión de contrapeso y ejercerla con dignidad.

La administración pública deberá alejarse del clientelismo y la visión del “Estado botín de guerra” y asegurar una franja técnica de funcionarios con vocación de permanencia e ingreso a la carrera administrativa sin importar cuál fuerza política gane las elecciones, con acceso al cargo por concurso público, ascenso por la vía del mérito y remuneración digna. Acostumbrada a rendir cuentas cotidianamente y en la que el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía es visto como un aliado para la prevención de la corrupción.

Una administración capaz de elaborar, con participación real de la población, políticas y programas sociales, ejecutados a través de una institucionialidad racional y eficiente, que ayude a la distribución social de la riqueza... Y que construye así un Estado al servicio de la ciudadanía.
Una sociedad civil que apuesta por la construcción de ciudadanía y de poder ciudadano cooperando para consolidar la anterior institucionalidad, contribuyendo a impedir el asalto del Estado por parte de sectores corporativos. Para ello profundiza en su autonomía con respecto al Estado (la lógica del poder) y al Mercado (la lógica del dinero) (Habermas).

Un empresariado capaz de entender que las posibilidades de la consolidación democrática pasan por resolver el conflicto distributivo desde el horizonte de la equidad, y que no hacerlo, además de ser éticamente inaceptable, constituye una bomba de tiempo.