POR ANTONIO ALMONTE
Algunos analistas consideran que ciertas empresas privadas del sector eléctrico tienen en marcha una estrategia dirigida a logar que el Estado las readquiera, quizás en una movida similar a lo ocurrido con Unión Fenosa en el año 2003; y se cita como ejemplo las maniobras judiciales de Trust Company of the West (TCW), administrador y propietario (50%) de la distribuidora Edeeste, que mantiene una demanda judicial en los Estados Unidos contra el Estado dominicano.
Ahora bien, sobre la realidad de fondo de la crisis eléctrica cabe formular algunas preguntas:
¿Por qué la rica corporación AES, propietaria del 30% de la generación eléctrica del país y que tenia la condición “envidiable” de integración vertical con su distribuidora (Edeeste) no retuvo a ésta sino que la vendió “al primer postor”?
¿Por qué no apareció otra empresa dedicada al negocio eléctrico interesada en comprar esa compañía?
¿Por qué ha sido tan, pero tan difícil conseguir la inversión de capitales frescos para instalar una planta a carbón en la República Dominicana?
Posiblemente entre las respuestas se cuenten las siguientes razones:
1. Las inversiones en distribuidoras, es decir en redes, transformadores, contadores, postes, vehículos, etcétera, son multimillonarias y esencialmente hundidas, y ninguna empresa conocedora del negocio se entusiasma en invertir en esa rama si la recuperación de capitales y beneficios depende tan fuertemente del cabildeo político, de los subsidios arbitrarios y de los vaivenes electorales en este país.
2. Las empresas distribuidoras tienen muy poco poder de presión sobre los gobiernos. Por ejemplo, una distribuidora nunca podrá por sí sola dejar sin energía a todo un municipio, pero una planta de generación sí puede hacerlo con simplemente apagar, dizque para “mantenimiento”, una de sus calderas. Por eso AES se amplió en generación con la planta de gas natural de Andrés (2003) y se cerró en distribución vendiendo a Edeeste.
3. Pero ese poder es mayor si la firma generadora tiene una gran cuota del mercado como sucede con AES y con Ege-Haina y si, además,, es parte de en un sistema cuya curva de oferta o capacidad disponible de producción bordea la demanda. Esos hechos las hacen superpoderosas y un simple amago de apagar pone de “carrerita” al Gobierno, a otros generadores y a los consumidores.
4. Pero, el problema de fondo lo presenta el actual arreglo de dicho mercado, uno en el cual el Estado es regulador, máximo propietario y principal comprador vía subsidios, PRA y otros esperpentos. ¿Cómo pedirles, en un desorden así, a empresarios racionales, que inviertan millones de dólares en bienes que, una vez “hundidos”, es muy difícil recuperar sus costos? La estrategia de los empresarios es bastante racional si tomamos en cuenta que su principal lógica es la de ganar y ganar sin importar demasiado lo que le pase al contribuyente. El que no tiene estrategia es el gobierno del presidente Fernández y su mentado Gabinete eléctrico. Con la agravante de que el responsable de proteger el interés público es precisamente el Gobierno y no los empresarios. Sean rubios o mulatos.
5. En nuestro sistema, el sector privado tiene casi el monopolio de la administración y propiedad de la generación eléctrica, y van en coche, porque el Estado, con su populismo y sus Edesur y Edenorte, es una especie de monopsonio infeliz, ya que es el principal comprador pero sin posibilidad de escoger sus vendedores.
Como se ve, no es sólo que las empresas privadas hacen “presión estatizante”, es que la dinámica estructural de este malhadado mercado empuja hacia la ruptura en dos direcciones posibles: estatización full o reprivatización a gran escala.
Original publicado en El Nacional
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